domingo, 30 de junio de 2013


EL IMPUESTO REVOLUCIONARIO: LA CORRUPCIÓN

ETA ocultaba la extorsión que realizaba sobre los empresarios bajo el nombre de “impuesto revolucionario”. Un ejemplo más de la perversión del lenguaje que Orwell puso de manifiesto. El éxito de ETA en implantar el tal impuesto era clave para muy diversos fines, y no el que menos, el poner en evidencia la debilidad del Estado como único legitimado para imponer impuestos.

Cada vez que leo y oigo sobre la corrupción en España, me viene a la cabeza esta finalidad de ETA de evidenciar la DEBILIDAD DEL ESTADO, que aparentemente se ve impotente no ya solo para extírpala, sino incluso para contralarla. Entre otras cosas porque sus impulsores y principales beneficiarios son los partidos políticos con responsabilidades de gobierno.

Nada se nos dice en las noticias que nos informan sobre los casos de corrupción sobre la repercusión económica de la misma. Se nos propone en la mayor parte de los casos como ejemplos de la “inmoralidad” de los dirigentes de los partidos y como arma arrojadiza de unos contra otros.

Hay dos casos que me han llamado poderosamente la atención:

-          La financiación irregular del PP en los casos Gürtel y Bárcenas.

-          La financiación irregular de los partidos nacionalistas catalanes, en particular el de la familia Pujol con el caso de las concesiones a las ITV.

En ambos casos se practica una mordida a los concesionarios de servicios y obras públicas. Lógicamente, y desde una perspectiva de gestión económica, los empresarios afectados por el “impuesto revolucionario” no tienen más remedio que cargar los gastos sobre el consumidor final de dichos servicios u obras públicas. “Repercuten” dichos gastos en el ciudadano de a pie como si se tratara del IVA.

Y es ahí donde radica la DEBILIDAD de nuestro Estado. Un impuesto invisible y radicalmente antidemocrático que pagamos todos.
Pero por mucho trabajo que ello cueste, la intransigencia contra la corrupción es una cuestión de ESTADO, de ciudadanía vigilante, y de pedir la dimisión y al responsabilidad de los dirigentes y partidos implicados. Caiga quien caiga. Antes de que caiga el Estado.

 


 

 

 

 

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